martes, 9 de marzo de 2010

Cubanización de Venezuela



Por Andrés Eloy Arriojas Vásquez


La soberanía es el poder superior que no acepta limitaciones ni subordinaciones. Donde ella no existe simplemente no hay Estado. De acuerdo con la doctrina de Rousseau, que fue la inspiración de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, la soberanía es absoluta, infalible, indivisible e inviolable. Los pueblos pueden ejercerla de dos maneras: En forma directa, como el sistema suizo, mediante la asamblea del pueblo y otra, la democracia representativa, que se ejerce a través de los poderes públicos.

Ahora bien, el Art.5* de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente, en la forma prevista en la Carta Magna, e indirectamente a través del sufragio.

Sin embargo, de acuerdo con la teoría del Presidente Hugo Chávez Frías, la democracia participativa consiste en la fusión y concentración de los poderes públicos del Estado en una sola persona, en él, quien representa la voz del pueblo, subrogándose de esta manera atribuciones que el ciudadano no le ha conferido.

Una de las características de la soberanía es que es intransferible, por lo tanto no puede ser ejercida por personas y formas diferentes a las señaladas en la Constitución Nacional.

No obstante lo anterior, el Presidente Hugo Chávez, fundamentándose en “su teoría”, y con la connivencia de otros órganos del Estado, actúa discrecionalmente, sin ningún tipo de límites, dando órdenes a los otros poderes, que son cumplidas mansamente. De esta manera regala, a manos llenas, los dineros públicos a sus cómplices de Bolivia, Nicaragua, Argentina, Ecuador y Cuba, entre otros, sin que exista una actuación contralora.

Al dictador octogenario cubano le permite que intervenga en la política interna de nuestro país y en los actos de gobierno, llegándose a los extremos de celebrar convenios que le permiten al régimen cubano tener acceso a información privilegiada, como por ejemplo los registros y notarías, a través de los cuales ejercen un control sobre las operaciones inmobiliarias, mercantiles, civiles y datos personales de los ciudadanos. Asimismo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, los cubanos diseñan las misiones y programas educativos con el propósito de ideologizar a la población, especialmente a los niños y a los jóvenes.

Igualmente, tienen presencia activa y determinante en áreas sensibles para la seguridad nacional, como las instalaciones militares, aeropuertos y órganos de inteligencia. A través del Ministerio de Sanidad, desplazan a los médicos cubanos en los centros de Barrio Adentro y elaboran los programas informáticos de Identificación y Extranjería, entre otras actividades, con lo cual se ha colocado a Venezuela en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior evidencia que el Primer Mandatario, violando la Constitución y las leyes, subrogándose el poder del pueblo, transfirió la soberanía a un Gobierno extranjero, al “amigo” Fidel; dándose un caso único en el mundo: La conquista de un territorio sin disparar un tiro.

Al subsumirse lo antes expuesto en lo que inicialmente identificamos como soberanía, al no haber división de poderes, al concentrarse el mando en una sola persona, cabe concluir que no estamos en un régimen democrático sino en una dictadura.

Mientras la Patria se nos va de las manos los partidos políticos, distraídos en las elecciones parlamentarias, solo piensan en los curules y no reaccionan ante las arbitrariedades del régimen.
Estamos de acuerdo en participar en procesos electorales, sin embargo debemos estar conscientes que un régimen, como el anteriormente descrito, no entrega fácilmente el poder mediante elecciones, a las que solo recurren para permanecer en el mismo. La situación del país requiere sacrificios personales.

No podemos permitir que continúe la prodigalidad del régimen, derrochando los dineros públicos entre “amigos” como Manuel Zelaya, ex-presidente de Honduras, designado recientemente Coordinador del Consejo Político de PETROCARIBE, con sueldo millonarios para él, sus asesores, gastos de protocolo, traslados, uso de aviones de PDVSA, con la erogaciones que ello implica.

Contra estas arbitrariedades debemos organizarnos, reclamar, manifestar, actuar, para que no se usurpen nuestros derechos y se pisotee la patria de Bolívar. Es una obligación ciudadana. Un mandato constitucional, amparado en los artículos 130*, 333* y 350* de la Carta Magna. No podemos perder la herencia dejada por nuestros Libertadores.



* Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.

* Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

* Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

miércoles, 24 de febrero de 2010

DETRÁS DE LA AMENAZA ESTÁ LA INCAPACIDAD


Por Andrés Eloy Arriojas Vásquez

En Venezuela son constantes las amenazas y los insultos del Presidente Hugo Chávez a la oposición, a la que ve como un enemigo que debe someterse. Él entiende la política como un acto de guerra, cuyo propósito fundamental es reducir al adversario, pretendiendo con ello ejercer un control sobre la sociedad, con las consabidas ventajas que el poder proporciona.

Un buen Gobernante busca desarrollar el contrato social mediante la aplicación de la justicia social y asegurar el interés y el bien común de sus gobernados. No debe bajo ningún concepto, prevalido de su posición, humillar y maltratar a los ciudadanos, eludir sus obligaciones y atribuirle a factores externos las causas de sus fracasos. Lo más grave es la pretensión de que los grupos de la sociedad civil asuman responsabilidades que son propias del Estado, como por ejemplo la seguridad, la construcción de viviendas, la preservación de la vida, el abastecimiento, etc…

Caso reciente es el de los dueños de la empresa Polar, a quienes el Presidente Chávez conminó a que construyeran casas para los pobres en un área donde se levantan unos Galpones que sirven de depósito a productos alimenticios. La empresa privada debe contribuir al desarrollo del país, de hecho en la mal llamada Cuarta República los sucesivos Gobiernos, mediante programas de desarrollos mixtos construyeron miles de unidades habitacionales a lo largo de la geografía nacional.

Sin embargo, ello fue producto de convenios y planificaciones, contrario a lo que ocurre en la actualidad, donde el Primer Mandatario, luego de la ineficiencia demostrada, pretende imponer y trasladar a los particulares, bajo la amenaza y el argumento de expropiación, la obligación de asumir esa responsabilidad. Conforme a lo previsto en el Art. 82 de la Constitución Nacional el Estado debe garantizar los medios para que las familias, especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y de crédito para la construcción, adquisición y/o ampliación de viviendas. Lamentablemente las innumerables invasiones de terrenos y edificaciones evidencian el fracaso, en materia de política habitacional, de un Gobierno que ha recibido, durante toda su gestión, más de $ 950.000.000.000,oo.

En las décadas que van de los 60 a los 90 se construyeron, anualmente, mas de 80 mil viviendas, que se aprecian hoy en varios complejos habitacionales de Caracas, tales como Caricuao, Casalta II, La Quebradita, El Valle, Coche, “El Cafetal”, y otras tantas en todo el país. Lamentablemente este Gobierno, en once años de gestión, ni siquiera ha podido construir trescientas mil unidades habitacionales, destacando que algunas de las edificadas han tenido fallas de construcción. Este problema debe ser encarado con seriedad, sin imposiciones, sin demagogia electoral, con el concurso de todos los ciudadanos, bajo los cánones del respeto y la legalidad. Ya es hora de que Gobiernen los mejores, salir de la improvisación y de los ministros inexpertos que abundan en el Gabinete del Presidente Hugo Chávez.

martes, 9 de febrero de 2010

REPRESIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA EN VENEZUELA



Por Andrés Eloy Arriojas Vásquez

A once años del Gobierno de Hugo Chávez Venezuela está inmersa en problemas que alteran la vida cotidiana de la población: Carencia de agua, electricidad, racionamientos, devaluación de la moneda, inflación, desempleo, ausencia alimentos básicos, expropiaciones, violencia, represión de las protestas estudiantiles, inseguridad, homicidios que parecen partes de guerra, entre otras tantas. Diversos sectores exigen soluciones a estos problemas que son producto de la mala gestión pública, de prácticas totalitarias y derrochadoras.

En medio de esta situación, la popularidad en descenso y el señalamiento de que es el principal responsable del caos en que está sumergido el país, el Presidente Chávez, siguiendo instrucciones de Fidel Castro, trae al país al cubano Ramiro Valdes, quien fue uno de los hombres que asaltó el Cuartel Moncada en Cuba, participó en la invasión del Granma en la lucha guerrillera contra Batista y, una vez triunfante la revolución, toma la provincia de Santa Clara con el Che Guevara, ordenando el fusilamiento de miles de sus connacionales.

Ramiro Valdes es un represor por excelencia, especialista en inteligencia y contrainteligencia. Controlaba en su país la Dirección de Identificación y obligaba a los cubanos a trabajo agrícola. Este personaje es el tercer hombre en importancia en Cuba. Ha desempeñado además los siguientes cargos: Ministro vicepresidente del Consejo de Estado, Director de Inteligencia, titular de Informática y Telecomunicaciones y ha tenido una participación activa en el bloqueo de internet.

Se encuentra en Venezuela contratado por el Gobierno venezolano como Asesor para la Energía Eléctrica. ¿Qué obligó al Presidente a contratar a este siniestro personaje que no es perito en esa materia?, mas cuando este país cuenta con excelentes profesionales formados en las mejores universidades nacionales y del exterior. De hecho, el Colegio de Ingenieros de Venezuela cuenta con más de 220 mil afiliados, de los cuales 17 mil son especialista en electricidad.

Si la intención fuera solventar los antes referidos problemas convocaría a las universidades, colegios profesionales, academias, fundaciones, especialistas. Los expertos han señalado que la crisis energética es producto de la falta de inversión y planificación. Sin embargo, el Presidente, evadiendo deliberadamente su responsabilidad, la atribuye al “fenómeno del niño”. Otro de los contratados por este régimen, supuestamente para solventar esta crisis, es el ministro de Planificación argentino Julio De Vido, quien afirmó que el Gobierno de Chávez había invertido en el sector eléctrico más que los Gobiernos anteriores. Si eso es así, visto los apagones que se han sucedido en todo el país, los racionamientos del fluido eléctrico y la implementación de otras medidas para ahorrar energía, cabe preguntarse ¿Donde está el dinero que supuestamente se aprobó para solventar esta situación?

Todo es una mentira. La verdad es que el presidente Chávez se ha conducido como nuevo rico, despilfarró los cuantiosos recursos que ingresaron en estos últimos once años, no invirtió en obras de infraestructura (acueductos, electricidad, vivienda, vías de comunicación, etc…) y ahora tiene un pueblo exigiendo lo que él prometió y no cumplió. De manera que el único que ha provocado esta crisis es el “niño” Chávez. Para colmo nos trae a un hombre como Ramiro Vades que visto sus antecedentes hace presumir que viene con el propósito de poner en práctica en Venezuela las conductas represoras y censoras que ha aplicado en su tierra. Este ciudadano debe abandonar el país.

Ya basta de cubanos colocados en aéreas estratégicas, tales como notarias, registros públicos, identificación y extranjería, cuerpos de seguridad, sector salud y sector militar, que se calculan en unos 60 mil. A lo anterior se unen las cada vez mas frecuentes expropiaciones, siendo las últimas los edificios aledaños a la Plaza Bolívar de Caracas, sin estudio previo,sin sentencia firme y justa indemnización, violando el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho de propiedad y lo mas grave dejando sin empleo a miles de trabajadores que laboraban en las empresas allí instaladas. Decisión incomprensible, quizás producto de conductas xenofóbicas, visto la cantidad de ciudadanos judíos que desarrollan actividades mercantiles en las referidas edificaciones. Lo cierto es que el fin es evidentemente político y no social. De continuar esto así la paciencia de la población se agotará más pronto que tarde.----------------------

lunes, 1 de febrero de 2010

CONTRADICCIONES DE LA POLITICA VENEZOLANA




Por Andrés Eloy Arriojas Vásquez


Venezuela es un país de contradicciones. El Gobierno vende su gestión como exitosa, democrática, dirigida a los pobres. Sin embargo, la realidad demuestra que, a pesar de tener una legitimidad de origen es ilegitima en sus actuaciones. Incurre en prácticas contrarias a lo dispuesto en la Carta Magna, desconoce derechos fundamentales e implementa políticas que han provocado un empobrecimiento de la población.

El Presidente Chávez usa semanalmente su programa dominical y las cadenas para darle instrucciones a sus ministros y a otros poderes, traza líneas para que salgan decisiones condenatorias contra sus oponentes; utiliza las instituciones para acallar las voces disidentes y permanecer en el poder, como el caso del Contralor de la República, que actúa como un operador político inhabilitando a la dirigencia opositora. Asimismo el Consejo Nacional Electoral que actúa parcializadamente al negar los cuadernos de votación a los partidos políticos y no suministrar el registro de electores.

De igual manera se emplea la fuerza pública para reprimir las marchas opositoras y de los estudiantes, utilizando métodos propios de los regímenes dictatoriales. Actúa como si fuese el dueño del país, cierras medios de comunicación social, confisca propiedades, regala los recursos del Estado, al punto que no se sabe que ha hecho con más de $ 950.000.000.000,oo que han ingresado al país por concepto de renta petrolera. Mientras tanto los hospitales siguen en el suelo, se aplican racionamientos de servicios esenciales como el agua y la luz, originados por la falta de mantenimiento. Se incrementa la inseguridad personal,se paralizan las actividades de investigación científicas en las universidades por falta de presupuesto, lo que trae como consecuencia que estos centros de estudio se conviertan en grandes liceos.

Utiliza la justicia para criminalizar la información y por ende a los periodistas adversos al régimen, como es el caso de Gustavo Azocar, que tiene mas de dos años preso sin formula de juicio; Patricia Poleo, exiliada en Estados Unidos y ahora Miguel Ángel Rodríguez, periodista emblemático de Radio Caracas Televisión, Internacional, recientemente sacada del aire por las cableoperadoras bajo una fuerte presión del Régimen.

No obstante lo anterior, encontramos una oposición dividida. Una,representada por la mesa de la unidad, que, a pesar de la situación económica social que vive el país, solo esta centrada en la las elecciones parlamentarias pautadas para el mes de septiembre de 2010, sin exigir las garantías necesarias para tener un proceso transparente que garantice la voluntad popular. Que actúa como si en el país existiese una democracia plena y no denuncia públicamente las desviaciones del régimen. Por otro lado, está una oposición, tildada de radical, que está cansada de las trampas del gobierno y de las indecisiones de algunos dirigentes de la oposición, que se va por las vías más extremas.

El hecho electoral es necesario, pero a la par de ello se deben implementar acciones, dentro del marco de la Constitución, tendentes a evitar los abusos de poder y preservar el régimen de libertades, estando dentro de ellas denunciar las arbitrariedades, ejercer el derecho a la protesta, el desconocimiento de cualquier régimen, autoridad o legislación que contraríe los valores y principio democráticos o menoscabe los derechos humanos, entre otros. No podemos permanecer indiferentes. Debemos evitar que, en los siete meses que restan para el proceso electoral, el Gobierno utilice indiscriminadamente todos los recursos del Estado para disminuir a la disidencia y obtener un ventajismo electoral o de otra naturaleza.