Cubanización de Venezuela

Por Andrés Eloy Arriojas Vásquez

La soberanía es el poder superior que no acepta limitaciones ni subordinaciones. Donde ella no existe simplemente no hay Estado. De acuerdo con la doctrina de Rousseau, que fue la inspiración de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, la soberanía es absoluta, infalible, indivisible e inviolable. Los pueblos pueden ejercerla de dos maneras: En forma directa, como el sistema suizo, mediante la asamblea del pueblo y otra, la democracia representativa, que se ejerce a través de los poderes públicos.

Ahora bien, el Art.5* de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente, en la forma prevista en la Carta Magna, e indirectamente a través del sufragio.

Sin embargo, de acuerdo con la teoría del Presidente Hugo Chávez Frías, la democracia participativa consiste en la fusión y concentración de los poderes públicos del Estado en una sola persona, en él, quien representa la voz del pueblo, subrogándose de esta manera atribuciones que el ciudadano no le ha conferido.

Una de las características de la soberanía es que es intransferible, por lo tanto no puede ser ejercida por personas y formas diferentes a las señaladas en la Constitución Nacional.

No obstante lo anterior, el Presidente Hugo Chávez, fundamentándose en “su teoría”, y con la connivencia de otros órganos del Estado, actúa discrecionalmente, sin ningún tipo de límites, dando órdenes a los otros poderes, que son cumplidas mansamente. De esta manera regala, a manos llenas, los dineros públicos a sus cómplices de Bolivia, Nicaragua, Argentina, Ecuador y Cuba, entre otros, sin que exista una actuación contralora.

Al dictador octogenario cubano le permite que intervenga en la política interna de nuestro país y en los actos de gobierno, llegándose a los extremos de celebrar convenios que le permiten al régimen cubano tener acceso a información privilegiada, como por ejemplo los registros y notarías, a través de los cuales ejercen un control sobre las operaciones inmobiliarias, mercantiles, civiles y datos personales de los ciudadanos. Asimismo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, los cubanos diseñan las misiones y programas educativos con el propósito de ideologizar a la población, especialmente a los niños y a los jóvenes.

Igualmente, tienen presencia activa y determinante en áreas sensibles para la seguridad nacional, como las instalaciones militares, aeropuertos y órganos de inteligencia. A través del Ministerio de Sanidad, desplazan a los médicos cubanos en los centros de Barrio Adentro y elaboran los programas informáticos de Identificación y Extranjería, entre otras actividades, con lo cual se ha colocado a Venezuela en situación de vulnerabilidad.

Lo anterior evidencia que el Primer Mandatario, violando la Constitución y las leyes, subrogándose el poder del pueblo, transfirió la soberanía a un Gobierno extranjero, al “amigo” Fidel; dándose un caso único en el mundo: La conquista de un territorio sin disparar un tiro.

Al subsumirse lo antes expuesto en lo que inicialmente identificamos como soberanía, al no haber división de poderes, al concentrarse el mando en una sola persona, cabe concluir que no estamos en un régimen democrático sino en una dictadura.

Mientras la Patria se nos va de las manos los partidos políticos, distraídos en las elecciones parlamentarias, solo piensan en los curules y no reaccionan ante las arbitrariedades del régimen.
Estamos de acuerdo en participar en procesos electorales, sin embargo debemos estar conscientes que un régimen, como el anteriormente descrito, no entrega fácilmente el poder mediante elecciones, a las que solo recurren para permanecer en el mismo. La situación del país requiere sacrificios personales.

No podemos permitir que continúe la prodigalidad del régimen, derrochando los dineros públicos entre “amigos” como Manuel Zelaya, ex-presidente de Honduras, designado recientemente Coordinador del Consejo Político de PETROCARIBE, con sueldo millonarios para él, sus asesores, gastos de protocolo, traslados, uso de aviones de PDVSA, con la erogaciones que ello implica.

Contra estas arbitrariedades debemos organizarnos, reclamar, manifestar, actuar, para que no se usurpen nuestros derechos y se pisotee la patria de Bolívar. Es una obligación ciudadana. Un mandato constitucional, amparado en los artículos 130*, 333* y 350* de la Carta Magna. No podemos perder la herencia dejada por nuestros Libertadores.



* Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y, valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.

* Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.

* Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.