VENEZUELA: DICTADURA TOTALITARIA


                                       

            
Venezuela fue, durante cuatro décadas, una de las democracias más admiradas de América Latina, con un nivel de vida envidiable, una moneda fuerte y un desarrollo económico sostenible y estable, con poderes que funcionaban con autonomía.
            Durante el periodo democrático nuestro país desarrolló su industria petrolera, constituyéndose en uno de  los países más confiables del mundo, gracias a las decisiones tomadas en esta materia, tales como la creación de PDVSA, que se constituyó en una  empresas más importantes del mundo y el ingreso de nuestro país a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), organismo creado por iniciativa del venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo.
            Asimismo se logró un nivel educativo óptimo en todos los niveles de educación y se crearon innumerables escuelas, liceos, técnicas industriales y universidades. Además, se puso en práctica un plan de alfabetización, tanto en el sector rural como en el urbano. De igual manera  se promulgó la  Ley de Universidades que le dio autonomía a las universidades públicas y se puso en práctica  el plan de becas “Gran Mariscal de  Ayacucho”, programa que le permitió a muchos jóvenes estudiar en las mejores universidades del mundo.
             No obstante lo anterior, la mano antisistema estuvo al acecho esperando la oportunidad para acabar con la democracia. Así, durante los años 60 el dictador cubano Fidel Castro estimuló y financió el movimiento guerrillero en Venezuela y trató de convencer al presidente Rómulo Betancourt para que lo respaldara en su plan macabro de instaurar  gobiernos comunistas en todos los países de continente americano. El presidente Betancourt, de pensamiento democrático, lo rechazó; sin embargo,  su Gobierno  fue sacudido por varias intentonas golpistas alentadas por el castrismo, conocidas como “El Barcelonazo”, “El Carupanazo”, “El Porteñazo” y  la guerra de guerrillas. Betancourt logró sortear esta situación, se mantuvo en el poder y, mediante elecciones libres, universales, directas  y secretas,  le hizo entrega del poder al presidente Raúl Leoni, quien inicio una política de pacificación, que posteriormente concluyó su sucesor, el Dr. Rafael Caldera Rodríguez.
            Luego asumió la presidencia Carlos Andrés Pérez, bajo cuyo gobierno se nacionalizó la industria del petróleo e impulso el proceso de descentralización con la elección de Gobernadores de Estado. Posteriormente, durante la presidencia del Dr. Jaime Lusinchi, se empezó a gestar, desde la Academia Militar, un movimiento desestabilizador encabezado por Hugo Chávez Frías,  que se materializó durante el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, con una intentona golpista en el año 1992, que afortunadamente no triunfo pero dejó maltrecho el Estado de Derecho. Lamentablemente, intelectuales como los integrantes del llamado “Grupo de los Notables”, medios de comunicación social, periodistas, sectores empresariales y políticos, le dieron apoyo indirecto al golpista. Carlos Andrés Pérez finalmente fue defenestrado del poder por maniobras políticas, iniciándose así un proceso que perturbó la paz democrática en Venezuela.
             Asumiendo posiciones que indirectamente justificaban la intentona golpista, el Dr. Rafael Caldera nuevamente fue electo Presidente de la República e indultó al grupo de golpistas, encabezado por teniente coronel Hugo Chávez Frías,  incurriendo en el error de no inhabilitarlos políticamente. En el año 1998, después de haber sido responsable de la muerte cientos de venezolanos, Hugo Chávez Frías fue electo Presidente de la República. Cabe destacar que al  juramentarse en el cargo expresó: “Juro sobre esta Constitución moribunda”, lo que  evidenciaba no solo su intención de desconocer las instituciones democráticas y derechos fundamentales previstos en la Carta Magna, sino instaurar una dictadura disfrazada con el remoquete de “Socialismo del Siglo 21”.
            Una  vez en el poder, la primera visita que Chávez hizo  al exterior fue a la isla de Cuba. Posteriormente estrechó los lazos con el régimen cubano, logrando el dictador Fidel Castro lo que siempre había ambicionado: Ponerle la mano a Venezuela. Cuba  con una economía en crisis, empezó a recibir de Venezuela ayuda económica: 500 mil barriles diarios de petróleo y  logró la penetración de la inteligencia cubana en instituciones fundamentales como las Fuerzas Armadas, Notarias, Oficinas de Registro Público y Servicio de Identificación y Extranjería. El  régimen chavista no solo consintió que Venezuela fuera tomada por el G2 cubano, sino que   permitió una fuerte presencia de China, Rusia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la delincuencia organizada y el radicalismo en el territorio nacional, con lo cual Venezuela perdió su soberanía y se convirtió un país colonizado. 
            Una vez que Hugo Chávez Frías muere prematuramente, le sucede el Sr. Nicolás Maduro,  activista del PSUV adoctrinado en Cuba, chofer de metrobus que ocupó cargos importantes durante el Gobierno de Chávez, no obstante carecer de credenciales académicas, y sobre cuya nacionalidad existen dudas ya que se asegura que nació en Colombia, hecho este que él ha negado pero no ha demostrado.
Durante su mandato, Nicolás Maduro no solo ha  continuado las políticas de Chávez, sino que ha acelerado el control total sobre la población e instituciones con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Durante su mandato más de cien jóvenes murieron durante  las protestas contra el régimen en el año 2017 y se han contabilizado miles de presos políticos. Asimismo, se ha generado una crisis social por la escasez de alimentos y medicinas; situación que ha obligado a solicitar la apertura de un canal humanitario, sin embargo, el régimen se ha negado. De igual manera, existen graves deficiencias en la prestación de los servicios públicos y una corrupción generalizada. Todo lo anterior evidencia que en Venezuela existe una dictadura totalitaria delincuencial.
            Dentro de esta conducta totalitaria, Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente violando disposiciones Constitucionales, con la complicidad de otros poderes como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Su objeto fundamental fue profundizar el control sobre la sociedad, someter a la disidencia y suplantar a la Asamblea Nacional, cuyos miembros fueron electos por  más de siete millones de venezolanos. El régimen de Maduro no solo ha desconocido la legitimidad de este órgano legislativo, conformado mayoritariamente por la oposición, sino que ha atropellando a varios diputados y encarcelando a otros, violando abiertamente  la inmunidad parlamentaria.
            La Asamblea Nacional Constituyente, electa fraudulentamente, se ha convertido en un suprapoder, usurpando funciones que no le corresponden con el propósito de perpetuar al régimen.  En tal sentido,  convocó  en  forma adelantada, violando disposiciones constitucionales y legales,  un proceso electoral para elegir al presidente de la República el próximo mes de abril.
            A pesar de no tener esta Asamblea Nacional Constituyente  base jurídica,  un sector de la oposición, entre ellos los partidos “Acción Democrática”, “Primero Justicia” y un Nuevo Tiempo”, han manifestado su intención  de participar, lo cual ha causado profundo malestar en la sociedad venezolana,  por cuanto  no se puede legitimar ningún acto emanado de un órgano que no tiene legitimidad de origen y que ha sido desconocida por la comunidad internacional.  Participar en este proceso electoral no solo significaría darle legitimidad al régimen, sino que se pueden prever los resultados dado el control que ejerce sobre  el Consejo Nacional Electoral. Aunado a ello, resulta ingenuo  pensar que un país  controlado por factores externos vaya a entregar el poder bajo  las anteriores circunstancias. 
            Este régimen no ha tenido limites a la hora de contener cualquier acto disidente, al punto que ha recurrido a la represión y el uso indebido de las armas, tal como ocurrió en un hecho que ha causado honda conmoción social, como lo fue  la denominada “masacre de EL Junquito”, donde fueron asesinados los integrantes de un grupo que hacia oposición al gobierno, conformada por 7 hombres, dirigida por el ex Inspector Jefe del CICPC Oscar Pérez. No obstante haber manifestado la intención entregarse a las autoridades el grupo fue masacrado en un proceso policial donde participaron más de 500 hombres, entre militares, policías nacionales y colectivos (grupos paramilitares), utilizando  tanquetas y armas de guerra  como  lanzagranadas.  Según las respectivas actas de defunción, todos los integrantes, incluyendo, una joven presente en el sitio,  murieron por disparos en la  cabeza, lo que hace presumir que hubo ejecuciones.
            Todos estos hechos constituyen delitos de lesa humanidad, que en un futuro cercano pueden ser objeto de acciones  por ante la Corte  Penal Internacional. Sin embargo, cabe acotar que este órgano debe garantizarse la imparcialidad de sus integrantes, para que no se generen suspicacias como la ocurrida en días  recientes con la presidenta de dicho Tribunal, Silvia Fernández de Gurmendi, quien apareció, muy sonriente, en varias fotos al lado del ciudadano  Maikel Moreno y Carmen Zuleta de Merchán, presidente  y  magistrada de la Sala Constitucional del  Tribunal  Supremo de  Justicia de Venezuela,  respectivamente; el  primero  sancionado por la Unión Europea, por su Responsabilidad en la  represión y de la situación política en nuestro país, y ambos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tomar decisiones que usurpan la autoridad de la Asamblea Nacional.  Por tal motivo dicha funcionaria debería inhibirse en aquellos casos donde Venezuela se constituya  en parte.
            Lo anterior evidencia la forma progresiva como el régimen chavista ha venido realizando prácticas dictatoriales, irrespetando abiertamente al estado de derecho, sin importar el clamor de un pueblo hambriento, condenado a muerte, en muchos casos por falta de  medicinas. Estas distorsiones dictatoriales fueron denunciadas, desde sus inicios, ante el mundo, sin embargo la comunidad internacional hizo caso omiso a las mismas. Lamentablemente, tuvieron que morir 121 jóvenes durante las protestas de 2017 para que diversas instituciones y personalidades  empezaran a cambiar su óptica y a tildar abiertamente al régimen de Maduro  de dictadura  totalitaria delincuencial.

Andrés Eloy Arriojas V.
Abogado y Periodista
Miembro del Consejo de Facultad
de Humanidades y Educación
Universidad Central de Venezuela
(UCV)





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